La alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, que instruye diligencias sobre las posibles irregularidades en la compra-venta de un solar de Santa Ponça, a raíz de una denuncia presentada por el PP, que acusa a la alcaldesa de cohecho y prevaricación. Al salir del juzgado Nájera evitó hacer declaraciones, aunque criticó al Partido Popular de Calvià porque «no sabe hacer política y no tiene ni idea de como responder a las situaciones de los ciudadanos y a sus necesidades».
El PP acusa a Nájera de cohecho pasivo impropio y prevaricación en una operación de compra de un solar de Santa Ponça a un precio muy inferior al de mercado. El solar fue adquirido por una sociedad de la que es administrador único el ex marido de Nájera, a otra sociedad de la que es administrador el recaudador del Ajuntament de Calvià. Poco después de que se realizase esta operación, el contrato del recaudador fue renovado. Esta decisión, no obstante, se acordó en un pleno municipal a principios del pasado año 2000.
Nájera avaló un préstamo con garantía hipotecaria sobre el solar, que se compró por 18 millones de pesetas, mientras que el PP sostiene que su precio en el mercado era de 46 millones de pesetas. El abogado del PP, Luis Rodríguez Ramos, que estuvo presente en la declaración que efectuó Nájera ante el juez, aseguró que la alcaldesa «no ha podido dar explicaciones satisfactorias a lo ocurrido». Ramos indicó que Nájera había «aportado certificados del registro de valor catastral de algunos terrenos próximos, intentando decir que el precio no era bajo y que la tasación que se aportó en la denuncia estaba amañada».
A su vez, el abogado del PP señaló que Nájera había dicho ante el juez «que no tenía ni idea de lo sucedido y se enteró de todo por el ruido mediático que provocó la denuncia del PP, y que avaló a su marido en su día porque éste se lo pidió, pero sin conocer detalles de la operación». El letrado recordó que «hay una coincidencia de fechas significativas, y una venta de un terreno en condiciones muy ventajosas», y afirmó que puede ser autora de un delito de cohecho pasivo impropio y prevaricación al «enriquecerse de alguna manera a consecuencia de una resolución, aún cuando ésta fuese de fondo correcta».