El GOB recurrirá a los tribunales si es preciso para conseguir que se archive la denuncia interpuesta contra la asociación por la Delegación del Gobierno en Balears a raíz de la protesta que llevaron a cabo los ecologistas contra la regeneración artificial de la playa de Can Picafort. La organización ecologista emitió ayer un comunicado en el que asegura que el procedimiento de sanción se ha instruido «con una buena dosis de mala fe», y ha solicitado ya por la vía administrativa la retirada de la multa de 11.697 euros (casi dos millones de pesetas) que les ha sido impuesta a varios miembros del GOB por «alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos».
Por su parte, la Delegación del Gobierno no ofreció ayer ninguna confirmación oficial sobre el expediente sancionador. Los hechos que han dado lugar a la sanción de la Delegación del Gobierno se produjeron el pasado día 25 de abril, cuando doce miembros del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa se encadenaron a las máquinas pesadas que realizaban los trabajos de regeneración de la playa. El motivo de la protesta era denunciar públicamente el elevado impacto ambiental que tiene la regeneración artificial y lo poco que perdura en el tiempo este sistema de mantenimiento de las playas.
En el caso concreto de las obras del Ministerio de Medio Ambiente en Can Picafort, el GOB denunció además ante la Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Europea la inexistencia de los informes ambientales necesarios para las actuaciones de regeneración dentro de una zona calificada como Lugar de Interés Comunitario. Desde el GOB se afirma que la protesta fue pacífica y finalizó en cuanto lo pidieron las autoridades, sin que se produjeran daños ni pérdidas materiales. Sin embargo y según la versión del GOB, la Delegación del Gobierno se basa para multar a los ecologistas en un informe que solicitó a la Demarcación de Costas, y en el que se señala que la acción de protesta paralizó los trabajos del barco que regeneraba la playa durante cinco horas, un parón que provocó perjuicios económicos por valor de 9.747 euros.