EL PSOE nacional reclama en los tribunales la propiedad del velódromo de Can Adrià (ses Voltadores), al igual que lo hacen los antiguos propietarios de los terrenos, que han recurrido a los jueces para exigir al Estado su devolución. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Carmen Frígola, tomó declaración ayer al ciudadano empadronado en Santa Maria Antoni Bibiloni Salom, de 84 años, que compareció en calidad de testigo en un exhorto propuesto por los socialistas en contra de un acuerdo del Consejo de Ministros.
El velódromo fue construido por el sindicato UGT durante la Segunda República gracias a suscripciones populares con las que se empezó también a pagar a plazos los terrenos. La Guerra Civil provocó que nunca se acabasen de pagar, y con el régimen franquista la propiedad pasó al Estado central, que ha dispuesto de ella durante décadas sin realizar ninguna inversión.
El paso del tiempo ha castigado el velódromo hasta el punto de dejarlo en unas condiciones deplorables, por lo que el Ajuntament de Santa Maria tiene claro que lo deberá derruir y rehacer cuando tenga al fin la propiedad. «Es una pena comprobar el estado en que está el velódromo», dijo a Ultima Hora una familiar de Bibiloni Salom. «Está totalmente abandonado y se emplea como aparcamiento de coches», afirmó.
La Comisión de Seguimiento del Patrimonio Sindical Acumulado, integrada por patronales, sindicatos y representantes de diversas administraciones, ha estudiado la reivindicación de UGT-Balears, aunque sin llegar a acuerdo alguno sobre Can Adrià. El sindicato, que representa a unos 20.000 trabajadores en las Islas, no puede adjudicarse el recinto hasta que haya una orden en ese sentido. UGT, sin embargo, insiste en que el organismo competente para pronunciarse sobre esa cuestión es la Comisión de Seguimiento del Patrimonio Histórico, no el Acumulado.