El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado al Ajuntament d'Inca a indemnizar con cinco millones de pesetas (30.050'61 euros) más los intereses legales desde 1998 a la propietaria de Son Figuerola, una finca agrícola del término municipal de Llubí que durante varios años ha recibido aguas residuales deficientemente tratadas en la depuradora de Inca. Además, el juez ha declarado la «obligación del Ajuntament d'Inca de adoptar las medidas necesarias para que cesen las molestias» derivadas del vertido de las aguas residuales. Contra esta sentencia no cabe recurso.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB ha estimado el recurso planteado en su día por Martina Capó Llompart, dueña de tres fincas rústicas de Son Figuerola, contra el acuerdo del Consistorio de Inca por el que desestimaba una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en sus terrenos a causa de los vertidos procedentes de la depuradora. La reciente sentencia considera probado que hubo unos vertidos y daños en las fincas de la demandante. Un informe pericial encargado a un ingeniero agrónomo estableció que el suelo «se encuentra en un proceso claro de degradación, debido a la acumulación de materiales de origen fecal», determinándose su origen en la depuradora de Inca.
El Ajuntament echó la culpa de esta situación al Govern, que en 1995 había realizado unas obras de encauzamiento, pero el fallo de los jueces dictamina que «el titular de las aguas residuales que ser vierten, el que debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que dichos vertidos causen daños a terceros» es el Ajuntament d'Inca. La demandante solicitó una indemnización de 3.816.400 pesetas por daños directos (la muerte y enfermedad de unos 70 naranjos) y la diferencia hasta cinco millones de pesetas por «los perjuicios de todo orden que provoca tener que soportar los malos olores y demás consecuencias de los vertidos fecales, incluidos los daños morales».