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Calvià

La Fiscalía pide al juez que investigue un delito de prevaricación urbanística

El PP denunció la aprobación de la licencia para ampliar el parque acuático de sa Porrassa porque no se adapta al PGOU

Imagen de las instalaciones acuáticas del complejo turístico Calvià Parc, en sa Porrassa. Foto: MICHEL'S

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La denuncia remitida a principios de este mes al fiscal jefe por el portavoz del grupo municipal popular de Calvià, Carlos Delgado, se basa en la concesión de una licencia de obras en febrero de 2002, por parte de la Comisión de Gobierno del Ajuntament de Calvià, para ampliar las instalaciones del complejo turístico-recreativo denominado Calvià Parc. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que rige el urbanismo en Calvià desde julio de 2000 califica como suelo urbano residencial unifamiliar los terrenos sobre los que se autorizó la ampliación del complejo con la construcción de nuevos toboganes, taquillas, una nave prefabricada y aseos, entre otros. Según la denuncia, se trata de un uso recreativo o turístico, no contemplado en el PGOU, por lo que la licencia jamás debería haber sido aprobada.

El proyecto original, firmado por la arquitecta Isabel Nájera Aranzabal, hermana de la alcaldesa, Margarita Nájera, no recibió el visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears a finales de 2001 porque «no se ajusta a las circunstancias y normas urbanísticas vigentes y que contiene infracción urbanística grave y manifiesta». Sin embargo, la promotora Calvià Parc SA remitió el expediente al Ajuntament.

El arquitecto municipal Ignacio Pomar Piña y el asesor de Proyectos Especiales, Jorge Herrero Bachmeier, realizaron sendos informes favorables. En síntesis, ambos decían que podrían autorizarse excepcionalmente «usos y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos» y que estos terrenos podrían ser remodelados de forma integral si bien en el futuro debería modificarse el Plan General para adecuarse a la nueva situación.

En base a los informes técnicos, la Comisión de Gobierno de día 20 de febrero de 2002 otorgó la licencia. En este acuerdo figura como firmante la alcaldesa pero la firma realmente estampada es la de Neus Pacheco Benito, teniente de alcalde de Sostenibilidad y Territorio. Según Carlos Delgado, esta anomalía es «un claro intento de Nájera por evitar aparecer en la concesión de una licencia claramente ilegal».

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