La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, y el alcalde de Muro, Miquel Ramis, se reunieron ayer para tratar de cerrar la polémica surgida entre ambas instituciones a raíz de la autorización de los 70 amarres existentes en el mollet de s'Oberta.
Según la normativa, estos amarres pueden ser autorizados por el Parc Natural de s'Albufera, la Direcció General de Recursos Hídrics o Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que, en este caso, ha cedido su poder de gestión al Ajuntament de Muro.
«Hemos llegado a la conclusión de que debemos de trabajar juntos», dijo al término de la reunión Miquel Ramis, ya que, hoy por hoy, las autorizaciones necesitan el visto bueno de Ajuntament y Medi Ambient para ser válidas. Rosselló precisó que, de momento, ya se han autorizado 55 amarres y 10 más están pendientes de demostrar los criterios que exige el decreto de amarres. Asimismo aseguró que, aunque la Conselleria hablará con el Ajuntament sobre las solicitudes que puedan presentar problemas puntuales, «no se dará ningún amarre que no cumpla todos los requisitos que marca el decreto», entre los que destaca demostrar que el solicitante tenía el barco en s'Oberta antes de las obras de reforma del mollet.
Cabe recordar que polémica entre la Conselleria y el Ajuntament surgió cuando el parque natural autorizó unos 40 amarres. Entonces, el Ajuntament denunció desconocer los criterios en base a los que se habían otorgado estas concesiones, ya que «personas que podían demostrar que tenían un barco allí hacía años, se habían quedado sin amarre».
Por otra parte, Rosselló hizo hincapié en la provisionalidad de las autorizaciones que se están dando. «Estas autorizaciones sólo son válidas hasta que el parque de s'Albufera apruebe su Plan Rector de Usos y Gestiones (PRUG), en el que queda muy claro que el que ha de gestionar el muelle es el parque», dijo.