El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de sa Naturalesa (GOB) arremetió ayer contra el Ajuntament de Deià por «obstaculizar» la ejecución de la sentencia que obliga a demoler cuatro chalets ilegales en Llucalcari y restituir los terrenos al estado natural del paisaje antes de los desmontes y las edificaciones.
El Consistorio de Deià anunció el pasado sábado su intención de presentar un recurso de casación ante el Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears que desestima la pretensión municipal de paralizar la demolición. Miquel Angel March, portavoz del grupo conservacionista, indicó que «el debate ahora no es si las casas son legales o no, sino en la ejecución de la sentencia».
De hecho, ya ha habido seis resoluciones judiciales, dos sobre el camino y cuatro sobre los chalets, que determinan que las viviendas son ilegales. «La constante estrategia del Ajuntament ha sido presentar recursos para evitar ejecutar la sentencia. Es impropio de una administración local mantener con dinero público unos chalets privados», indicó March, que indicó que el GOB solicitará al Consistorio que no presente el recurso. March recordó que los chalets son ilegalizables porque están construidos en un territorio protegido por la LEN y la Ley de Patrimonio.
17 años de litigios
A finales de 1985, se inicia el conflicto social, urbanístico y
jurídico en torno a la construcción de los chalets ilegales de
Llucalcari. Entre 1986 y 1987, el Ajuntament da licencia para
edificar cuatro chalets. Entre 1986 y 1989, el GOB presenta
denuncias en el Ajuntament y Patrimoni. En el 92, el TSJB estima el
recurso y anula las licencias y ordena la demolición de las
licencias. En enero de 1999, el Supremo ratifica la sentencia.
Posteriormente, el Constitucional rechaza el recurso de amparo de
los propietarios. Desde entonces, el Ajuntament ha presentado
recursos. Ahora, podría transcurrir un año más si el recurso es
admitido a trámite.