El grupo ecologista GOB y el partido nacionalista PSM solicitaron ayer, a través de sendos comunicados de prensa, el inmediato derribo de los cuatro chalets de Llucalcari sobre los que pesa una sentencia que obliga a su demolición. Ambos colectivos coincidieron en acusar al Ajuntament de Deià, regido por el PP, de «obstaculizar la aplicación de la sentencia».
La polémica se remonta a 1985, hace 17 años, cuando el propietario de la finca Can Simó realizó una parcelación para construir varias viviendas unifamiliares aisladas. El Ajuntament otorgó un permiso para abrir un camino agrícola para comunicar las parcelas. Esta autorización fue recurrida y los tribunales concluyeron que el permiso jamás debería haberse concedido.
Por otra parte, el Consistorio también concedió licencias entre 1986 y 1987 para construir cuatro chalets que posteriores fallos judiciales (el último un auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears en julio de 2001) han anulado e incluso ordenan demoler las construcciones «sin más dilación». El Ajuntament de Deià recurrió esta última decisión judicial y en el pueblo se han recogido firmas contrarias a la demolición al entender que las casas, forradas de piedra, están integradas en el paisaje.