Francesc Rosselló, que fue alcalde del municipio de Alaró en el periodo de 1979 a 1999, fue acusado de hasta cinco delitos, por los que las acusaciones particulares solicitaban cuatro años de prisión contra él, suspensión de cargo público y una multa de 200 millones de pesetas.
El caso lo ha juzgado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, que ha analizado la actuación del alcalde en la compra, en el año 1993, de la finca de Son Tugores, por la que se pagaron 55 millones obtenidos gracias a una subvención de fondos FEDER, que se otorgaba para un proyecto de explotación de turismo rural.
El fallo de la sentencia determina que al ex alcalde de Alaró, que fue defendido por el letrado Gabriel Garcías, se le declara inocente de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales, fraude de subvenciones y falsedad en documentos públicos. Sobre el delito de falsificación de certificados, que fue el único que el fiscal Miguel Àngel Anadón le imputó y le pidió dos años de suspensión, la sentencia determina que los hechos han prescrito y, por tanto, también se le absuelve. El propio ex alcalde reconoció que había enviado al Ministerio de Hacienda, que controlaba la subvención europea, facturas falsas de obras que aún no se habían iniciado en Son Tugores, porque era una de las condiciones de la subvención. Rosselló justificó estas falsificaciones para no perder este dinero, aunque la irregularidad fue descubierta y el Ministerio exigió que se devolviera la subvención, que eran casi 70 millones de pesetas.
La sentencia no sólo absuelve al ex alcalde, sino también al secretario municipal, Jaume Nadal Bestard, que fue defendido por el letrado Mateu Canyellas Vich, y que sólo le implicaron en el caso los abogados de la acusación particular. El tribunal ordena a un vecino de Alaró, que ejercía la acusación, que abone el 50 por ciento de las costas que le ha supuesto al secretario este juicio.