El Tribunal Supremo ha anulado dos licencias de obra otorgadas por el Ajuntament de sa Pobla y que posibilitaron la construcción de 13 adosados en la urbanización de s'Obac.
La primera licencia fue concedida en el año 95 y permitía edificar siete viviendas en dos parcelas de la urbanización. El año siguiente, el Ajuntament modificó el permiso permitiendo la edificación de otras cinco viviendas. Las dos licencias fueron impugnadas por el GOB, en su momento, considerando que se había infringido la normativa urbanística municipal.
Esta norma estipulaba que sólo se podía construir una vivienda unifamiliar aislada en cada parcela. De esta manera, ahora se confirma la sentencia en el mismo sentido que dictaminó el Tribunal Superior de les Balears y se desestima el posterior recurso presentado por el consistorio pobler.
El portavoz del GOB, Miquel Angel March, considera que esta sentencia comporta importantes consecuencias, como la demolición de los adosados. También cree que se deben depurar responsabilidades en el ámbito político. Así, March hace referencia al hecho de que el regidor de urbanismo, Rafel Munar, aprobase con su voto la licencia, cuando a la vez era el redactor del proyecto y el director de obras.
Por su parte el alcalde, Jaume Font, indicó que el Ajuntament acatará la sentencia y si nos hemos equivocado rectificaremos. Todos somos humanos». Font mantiene que las licencias se dieron con los informes favorables de los técnicos y dice que «ni se ha edificado más de lo permitido ni en un lugar donde no se podía construir».
El alcalde acusa al GOB de practicar una persecución contra el municipio de sa Pobla e insta a los ecologistas a dialogar antes de recurrir a la vía judicial.