El fiscal Miguel Angel Anadón mantuvo ayer que Francesc Rosselló Campaner, ex alcalde socialista de Alaró, no cometió ningún delito de prevaricación en la compra de la finca de Son Tugores, pero sí cometió una falsificación al enviar al Ministerio de Hacienda informes falsos sobre pago de obras que no se habían realizado. Este planteamiento del fiscal lo presentó ayer en la tercera y última sesión del juicio que sienta en el banco de los acusados al ex alcalde socialista y al secretario. Se les acusa de cometer irregularidades en la compra de una finca que se convertiría en una explotación de turismo rural.
Al inicio del juicio, el fiscal imputaba al alcalde los delitos de prevaricación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública, y reclamaba cuatro años de prisión y una multa de 200 millones de pesetas. Sin embargo, el fiscal modificó y se limitó a pedir dos años de suspensión por la falsedad.
Esta finca se adquirió gracias a unos fondos europeos para la rehabilitación de fincas para convertirlas en explotaciones turísticas. El Ministerio de Hacienda, que se encargaba de controlar la subvención, exigía el justificante de los gastos de las obras, y en el tiempo establecido en Son Tugores aún no se habían iniciado. Para no perder la subvención, el Ajuntament envió documentos justificando unos gastos que no se realizaron.
A pesar de esta irregularidad que, según el fiscal se limita a la falsedad de estos documentos, no se puede imputar un delito de prevaricación al alcalde porque no existió ningún perjuicio. Recordó que la finca, comprada por 55 millones, ha triplicado hoy su precio y que se ha sumado al patrimonio del Ajuntament. El fiscal cree que el alcalde no se enriqueció personalmente en esta compra.