La redacción de las Normas Subsidiarias de Alaró, que el equipo de gobierno (PSM-PP) presentará para su aprobación provisional el próximo mes de julio, no incluirán las actuaciones previstas a partir del convenio suscrito el mes de marzo de 2001 por el Ajuntament con la empresa de calzado Camper.
Este convenio, que se está renegociando, preveía una permuta entre las dos partes, mediante la empresa filial Cartago, por la que Camper recibía los terrenos donde se encuentra la depuradora municipal y dos de los caminos públicos que pasan por las cercanías de las casas de Son Fortesa, donde Camper construye su sede corporativa.
A cambio, el Ajuntament recibía el edificio de Can Beia y unos 300.000 euros para la construcción de una vía alternativa a las que se cerraba al tráfico.
Según explica el responsable de Urbanisme, Joan Simonet Pons (PP), «como aún no sabemos cómo quedarán finalmente los acuerdos del convenio, no podíamos retrasar más el proceso de las Normas Subsidiarias. Si hay cambios importantes ya se hará luego una modificación puntual».
El alcalde Josep Gomila (PSM) añade: «No queremos que la aprobación de un documento tan importante como la normativa urbanística quede supeditada sólo a discutir este convenio».
El convenio con Camper motivó en su momento un movimiento popular en contra. Se presentaron alegaciones conjuntas avaladas por casi mil firmas de personas que consideraban con el acuerdo se estaba produciendo «una privatización de caminos públicos emblemáticos».