El Partido Popular de Calvià interpuso ayer en el Juzgado número 6 una querella contra la alcaldesa Margarita Nájera y el funcionario Jorge Herrero por los presuntos delitos de prevaricación, amenazas o coacciones y estafa con abuso de cargo con perjuicio a terceros. Ésta se suma a la querella criminal presentada en febrero por la promotora HPT Instal SL contra las mismas autoridades locales.
El grupo conservador denuncia que el Ajuntament de Calvià sometió a unas condiciones el derecho a edificación y, además, se perjudicó a terceros. En 1999, Juan Barrachina, administrador de HPT Instal, compró un solar en primera línea de mar de Santa Ponça (P2) y firmó la opción de compra de otros dos solares colindantes (O12 y O13), pero la adquisición no se materializó.
Según explicó ayer Carlos Delgado, portavoz municipal del PP, la promotora obtuvo la licencia de obras para edificar en los tres solares cuando sólo tenía una parte. Ya iniciada la edificación, el Ajuntament paralizó las obras y Barrachina emprendió una serie de acciones legales. «Barrachina se comprometió a retirar los recursos a cambio de contraprestaciones para poder terminar las obras. El Ajuntament le pidió 1'2 millones de euros y construir el campo de fútbol de Son Ferrer. Al final se complicó la transacción y la promotora interpuso una querella», indicó Delgado, quien agregó, además, que la construcción finalizada excede los límites de volumen y edificabilidad.
El representante legal del PP, Luis Rodríguez Santos, apuntó que se detecta una «ilegalidad manifiesta o arbitrariedad en la actuación de las autoridades». «El Ajuntament hace contraprestaciones a los querellantes para que se aparten de la querella y, además, disponen de terrenos de terceros que nada tienen que ver con el caso», añadió. Rodríguez Ramos especificó que se ha solicitado la declaración como testigo, con la posibilidad de ser imputada, Neus Pacheco, teniente de alcalde de Urbanismo de Calvià, entre otras personas.