La querella interpuesta por el Grupo HPT Instal SL contra la alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, y un funcionario municipal por los presuntos delitos de prevaricación y amenazas condicionales y/o coacciones explica que esta sociedad se vio forzada a ceder a la «coactiva actuación del Ajuntament de Calvià» a través de las personas querelladas y firmó un convenio urbanístico en el que se le obligaba a «reconocer» el incumplimiento por su parte de un convenio anterior «y a pagar 200 millones de pesetas que, por carecer de dicha cantidad, ha tenido que avalar bancariamente».
En el texto de la querella presentada a finales de febrero, se deja constancia de que «para poder dejar constancia de que firmaba absolutamente coaccionado», HPT Instal «dejó depositado en sobre cerrado, ante el notario Rafael Gil de Mendoza, un escrito exponiendo las razones por las que se veía obligado afirmar el convenio».
Asimismo, HPT Instal informó al juez instructor que estando a punto de expirar el plazo concedido por el Ajuntament para pagar los 200 millones de pesetas y al no estar dispuesto el querellante a efectuar dicho pago «que considera fruto de un delito», solicitó que se oficiara a la máxima urgencia a la Caja de Ahorros Sa Nostra para que paralizara el aval que garantizaba a la Administración local el cobro de los 200 millones.
El conflicto entre HPT Instal y el Ajuntament surgió a raíz de una promoción inmobiliaria en la primera línea de la urbanización Nova Santa Ponça. La promotora HPT adquirió el solar edificable a Terrazas de Mallorca a principios de 1999. Un mes después se modificó el convenio suscrito dos meses antes entre Ajuntament y Terrazas de Mallorca y Cotusa, que afectaba a esta parcela.