El presidente de la Govern de les Illes, Francesc Antich, requirió ayer a la Demarcación de Costas de Balears el cese inmediato de la regeneración artificial de la playa de Can Picafort y el dragado de los yacimientos marinos de la costa de Banyalbufar y otras calas de la costa norte de Mallorca, actuaciones «realizadas sin amparo legal y que constituyen vía de hecho de una administración pública, prohibida por nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución».
El requerimiento de la Comunitat Autònoma se produjo a media tarde de ayer, según informó la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, quien calificó de «atropello indignante y falta de respeto a Balears» la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, presidido por el mallorquín Jaume Matas. El Govern argumenta que Demarcación de Costas no está informando a la Conselleria de Medi Ambient de ninguno de los proyectos que afectan a su litoral, aún cuando las actuaciones se realizan en zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incumplen la directiva europea de hábitats. «No nos están dando la oportunidad de opinar cómo restaurar las playas», indicó Rosselló, quien, además, reiteró que la regeneración que se lleva a cabo actualmente no devuelve el perfil de las playas anterior al temporal de noviembre: «Se están ejecutando proyectos de hace años rechazados por gobiernos populares anteriores».
El requerimiento fue remitido ayer a la Demarcación de Costas, Delegación de Gobierno, ayuntamientos afectados y a las empresas que realizan las obras. De no llevarse a efecto esta petición, serán los tribunales los que ordenarán la paralización. Según la Conselleria de Medi Ambient, ni los archivos de la Comunitat ni en boletines oficiales consta que el proyecto de extracción de arena de la Serra esté aprobado como es preceptivo. «El propio Jaume Matas se opuso a la extracción de arena de esta zona y el proyecto quedó paralizado», recordó Rosselló. Juan Manuel Gómez, director general de Biodiversitat, apuntó que la intervención del Gobierno podía constituir un supuesto delito de desvío de poder o prevaricación.
El director general de Pesca, Sebastià Covas, por su parte, alertó de la intervención que se está llevando a cabo también en Cala Sant Vicenç, donde la regeneración de la playa puede destrozar las reservas de jonquillo y cabotí de los próximos 10 años. José Trigueros, director general de Costas, indicó ayer que «se han cumplido todos los requisitos a nivel administrativo. La disposición para mostrar informes ha sido total».