La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, propondrá el viernes al Consell de Govern la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la actuación que Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, realiza sobre la playa de Can Picafort. Rosselló entiende que esta es una actividad ilegal, ya que incumple la directiva europea que establece que para realizar cualquier actuación sobre un una zona calificada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la playa de Can Picafort lo es, se ha de contar con un informe de la Administración responsable, en este caso la Conselleria.
«Me parece que el hecho de vulnerar una directiva europea es especialmente grave viniendo del Ministerio de Medio Ambiente y presidiendo, además, España la Unión Europea», dijo Rosselló. La consellera explicó ayer en Can Picafort que si se abre la posibilidad de extraer 15 millones de metros cúbicos de arena que contienen los yacimientos de Banyalbufar, Eivissa y Cap Salines, puede haber un «desastre ecológico total».
La Demarcación de Costas inició este pasado lunes la extracción de arena en Banyalbufar para depositar las primeras toneladas en la mañana del martes en Can Picafort. Desde entonces, el barco realiza dos trayectos diarios trasladando en cada viaje 5.000 m3. La regeneración de Can Picafort concluirá la próxima semana. El Gobierno central aprobó en 1996 que podían ser extraídos del yacimiento de Banyalbufar 10'5 millones de metros cúbicos de arena. Al año siguiente se pretendió sacar 1'7 millones para regenerar playas en Penyíscola, pero el proyecto fue desestimado. Ahora se prevén dragar 150.000 m3.
La Conselleria de Medi Ambient quiere lanzar un «grito de alerta» porque «aquí no se está intentando devolver a la playa el aspecto que presentaba antes del temporal sino que se está dando salida a un proyecto de regeneración que tiene su origen en 1997 y que fue rechazado en el Parlament a petición de Jaume Matas». Rosselló reprochó al alcalde pedáneo de Can Picafort, Félix Estelrich, esta situación. Estelrich explicó: «Puede que no sea la mejor solución, pero es la única que nos han dado».
Al margen del contencioso que presentará el Govern, el partido político Els Verds presentó ayer una denuncia ante un juzgado de Palma al entender que la extracción y regeneración pueden constituir pueden constituir sendos delitos ecológico y de prevaricación, además de un supuesto desvío de poder y malversación de fondos. El GOB remitió ayer una denuncia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea por el mismo motivo.