La jornada de ayer fue frenética por todo lo que hace referencia a Majórica. El futuro de la industria vuelve a ser más incierto que nunca, pendiente de la inyección de capital por parte de los accionistas. El Govern de les Illes Balears condiciona la aportación de un aval de 4'21 millones de euros a Majórica a la disposición de un capital por parte de los propietarios de 12 millones de euros. La condonación del banco de un 50% de la deuda contraída por la empresa también es una de las condiciones del Ejecutivo autonómico.
Esta propuesta decepcionó, desanimó e indignó a los trabajadores de fábrica y tienda, que ayer a las ocho de la tarde recibieron la noticia a través de los portavoces de los comités, los cuales advirtieron de promover movilizaciones más virulentas.
La intención del Govern se deriva de la conclusión de un informe técnico sobre el plan de viabilidad presentado por Majórica al Ejecutivo. Así, la empresa tiene que añadir nueve millones de euros más a los tres que en un principio anunció que ofrecería.
Bajo las órdenes de un estricto secretismo, el vicepresidente Sampol, acompañado de los consellers d'Hisenda, Treball y Presidència, mantuvo ayer por la tarde dos reuniones seguidas; una con los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras y, la segunda, con los tres comités (fábrica, tienda y joyas) y los sindicatos. El objetivo era presentar las conclusiones del informe económico elaborado por un auditor independiente sobre el plan de viabilidad presentado por Majórica.
Las conclusiones desmontan la intención de la empresa de inyectar tres millones de euros para reflotarla, cantidad del todo insuficiente y que sólo sirve para pagar las prejubilaciones, los despidos y asegurar la subsistencia de la industria por un periodo de diez a doce meses, según del Govern.