La situación económica de Majórica ha ido empeorando hasta el extremo de que ayer, a las 13.45 horas, los directivos de la compañía perlera decidieron solicitar de los Juzgados de Primera Instancia de Manacor los beneficios del expediente de suspensión de pagos. Esta decisión fue expuesta ayer a los trabajadores de la empresa por parte del director de Recursos Humanos, Antonio Barrionuevo, quien, de forma fría y distante, explicó que la suspensión de pagos se debía a que la entidad bancaria con la que mantiene un préstamo de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) se ha negado a avalar el crédito blando que el Govern debía prestar a Majórica para reflotar la empresa.
Los trabajadores le preguntaron a Barrionuevo si esta actitud se debía a una nueva estrategia o medida de presión para obtener las subvenciones del Govern. El director de Recursos Humanos contestó con evasivas, aunque también explicó que ésta no es una situación definitiva, puesto que si de hoy a mañana el banco avalara el préstamo Majórica retiraría la suspensión de pagos. Los trabajadores tienen intención de contactar con sus asesores y abogados para poder actuar en consecuencia. De momento, seguirán trabajando y llevando una actividad normal.
Por otra parte, ayer fue ingresado el 50 por ciento de la nómina del mes de febrero, aunque Barrionuevo no aseguró a los empleados cuándo recibirán el 50% restante, aunque intentó tranquilizarles diciendo que en pocos días obtendrían una respuesta al respecto. Desde Majórica han expresado que la medida de suspensión de pagos «se plantea como consecuencia de la situación de precariedad de medios financieros y tesorería que sufre la compañía desde noviembre del 2001, impidiéndole hacer frente con regularidad a sus obligaciones de pago y peligrando el pago corriente de las obligaciones más esenciales que aseguren su funcionamiento regular».
La empresa recuerda que «el año pasado elaboró un Plan Estratégico de negocio e inició una serie de medidas empresariales enfocadas a la mejora competitiva de Majórica, que contaron con el respaldo económico de los accionistas, materializado en una aportación, en el mes de junio pasado, de 300 millones de pesetas de nuevos recursos». A pesar de todo, el plan no ha funcionado debido a las consecuencias del 11-S y peligra «la continuidad de la sociedad y con ello el interés de sus acreedores y trabajadores, por lo que se ha tomado la decisión preventiva de acudir a la suspensión de pagos, en espera de poder desistir del mismo a partir de que se materialicen los acuerdos alcanzados y se regularice la situación de tesorería», apunta Majórica.