El comandante Manuel Rivas Delgado, delegado en Balears del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas ha remitido al Ajuntament de Sóller un escrito en el cual se exige que una documentación que le envió el negociado de Obras y Urbanismo sea «rectificada» por el hecho de haber sido enviada en «el idioma de la comunidad autonoma». En el escrito, en un tono categórico, el comandante recuerda al Ajuntament que el mencionado instituto «es un organismo autónomo que pertenece al Ministerio de Defensa para el cual subsiste la obligatoriedad por parte de todas las entidades y ayuntamientos pertenecientes a las comunidades autónomas de dirigirse al organismo en el único idioma oficial, que es el castellano (sic).
Por todo eso, el comandante comunica el retorno del mencionado escrito y anexos redactados en catalán para que se «rectifiquen» conforme al párrafo anterior. La mencionada carta del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas de Palma va dirigida al negociado de Obras y Urbanismo de Sóller a causa de una serie de intercambios de documentación que mantienen sobre diversas propiedades de Defensa en el Valle. Ha sido el concejal de Cultura, Guillar Bernat, el que lo ha dado a conocer, a la vez que ha manifestado su «indignación por la prepotencia» con la cual ha actuado el mencionado «Instituto», por «la falta de sensibilidad para con la lengua del país y por el poco respeto hacia la cooficialidad del catalán en Balears, más grave todavía si se tiene en cuenta que se trata de una delegación en las Illes».
Por su parte fuentes de la Conselleria d'Educació i Cultura, han manifestado que lo que puede exigirse desde Defensa es que se acompañe una traducción de la documentación, traducción que normalmente no suele ir firmada para dar más importancia al documento original que está escrito en la lengua con la cual trabaja el Ajuntament, que en el caso del de Sóller es el catalán por estar totalmente normalizado.
La exigencia intransigente de un organismo de Defensa, que tiene su sede en Palma, que toda la documentación le sea remitida en castellano por «obligatoriedad» contrasta con el hecho de que el mismo Ministerio consintiera la permanencia de escudos anticonstitucionales en edificios públicos. En el caso de Sóller hay un buen ejemplo con la popularmente llamada «gallina» de la base, un escudo del Ejército franquista que continúa presidiendo el puerto del Plan de Excelencia con total impunidad sin que hasta ahora se haya hecho ningún caso a las reiteradas peticiones de retirada.