El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha condenado al Ajuntament d'Inca a cerrar y precintar las dependencias de la Policía Local. El fallo del juez responde a la denuncia de un vecino del local, Francisco Lozano Ribot, en la que se pone de manifiesto que el cuartel carece de licencia de actividad y provoca problemas de ruido a su familia. Según puede leerse en la sentencia, estas oficinas carecen de licencia de actividad y en caso de que quisieran legalizarse no podrían hacerlo debido a que el enclave de la actividad resulta parcialmente incompatible con los usos y previsiones del Plan General de Inca de 1987.
La vivienda del demandante y el Cuartel comparten una pared medianera y un informe pericial constata que el nivel sonoro de la vivienda dobla los 25 decibelios permitidos por la ley. En base a todo ello y teniendo en cuenta que la actividad en el cuartel es «clandestina, sin posibilidad de legalización e infractora de la normativa acústica», la juez condena al Ajuntament a «que acuerde el cierre cautelar de las dependencias». Asimismo, también le condena a obligar a un celler que colinda con el cuartel a «cumplir la legalidad» y a tomar medidas para erradicar de forma definitiva las molestias y ruidos que también provoca a la familia Lozano.
En la sentencia se precisa que el Ajuntament deberá indemnizar al denunciante con la cantidad de 30 euros diarios, desde el 14 de febrero de 2000 y hasta que se cumpla lo estipulado en su resolución. Respecto a la sentencia, el alcalde Rotger precisó: «Esperaba más comprensión por parte de quienes nos han juzgado». También recordó que el Ajuntament ha intentado solucionar el problema al vecino insonorizando en dos ocasiones el local. Rotger explicó que la ubicación del cuartel es provisional y está pendiente de que la Guardia Civil abandone las instalaciones municipales de General Luque para trasladarse a éstas y avanzó que el Ajuntament recurrirá la sentencia: «Tampoco descarto tratar de llegar a un acuerdo con la juez».