El proyecto de recuperación y mejora del acceso al mar de Bahía Azul (Llucmajor) promovido por el Ministerio de Medio Ambiente que afecta a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) no será sometido a evaluación de impacto ambiental, según ha determinado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. No obstante, según una directiva europea, el proyecto deberá contar con la conformidad expresas del órgano ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La mejora del acceso al mar de Bahía Azul, que tiene un presupuesto de 1.886.649'93 euros (313'9 millones de pesetas), prevé tres actuaciones. Por un lado, se procederá a la estabilización de los taludes a lo largo de 720 metros de carretera mediante bulones y mallas de cables de acero.
Por otro, se llevará a cabo el repavimentado y drenaje del vial en los primeros 516 metros de la carretera para la circulación de vehículos, donde se sustituirá el aglomerado por un pavimento adoquinado. En los últimos 50 metros del vial, se creará un aparcamiento de 35 plazas. Finalmente, se mejorará el acceso peatonal que se iniciará justo donde acaba el estacionamiento y finalizará 200 metros más adelante. En este punto se producirá un ensanchamiento de la calzada para instalar una pérgola de madera y bancos. Esta intervención prevé también la creación de una escalera y dos plataformas de madera de soláriums.
Esta zona se enmarca dentro de los acantilandos de Cap Blanc y Cap Enderrocat, declarada ZEPA, donde anidan habitualmente el halcón peregrino, el águila calzada y el cormorán moñudo. El informe redactado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio concluye que la obra fomentará, en todo caso, el uso de la zona. «No se prevé un aumento de visitantes», indica. «La zona de nidificación (talud)», añade, «una vez terminada la obra no sufrirá un cambio sustancial, puesto que el sistema de sostenimiento a base de mallas permitirá la vegetación y el mantenimiento de los nidos». En el punto final, este estudio precisa que «durante la fase de ejecución de las obras, el impacto se prevé mínimo puesto que se llevará a cabo entre septiembre y enero, fuera de los meses de nidificación.
Por todos estos motivos, se considera que la tramitación puede resolverse satisfactoriamente con un estudio de incidencias ambientales, pero no someterse a una evaluación de impacto ambiental. Los principales impactos que se pueden producir son las emisiones atmosféricas derivadas del movimiento de tierras, la posible alteración de la calidad de las aguas por vertidos accidentales y la generación de ruido. Los meses idóneos para comenzar el proyecto, en exposición pública, son septiembre u octubre y la duración del mismo será de cuatro meses.