El Ajuntament de Santa Margalida otorgó en 1998 dos licencias de parcelación para dos fincas del municipio sin contar con el correspondiente informe técnico y a nombre de una empresa Aguas de Son Bauló, cuando la solicitud de permiso de segregación había sido presentada días antes de manera particular a nombre de un matrimonio del municipio.
El juez ha sentenciado ahora en primera instancia que admite parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado en su momento por el grupo municipal del PSOE contra el acuerdo de la comisión de gobierno del día 9 de junio de 1998, por el que se otorgaron las certificaciones de segregación. Así, el juez ordena la revisión de oficio del citado acuerdo «por incurrir en causa de nulidad de pleno derecho».
La comisión de gobierno aprobó los certificados para la parcelación de las fincas fuera del orden del día y sin informe técnico, y las licencias fueron otorgadas tan sólo un día después a nombre de la empresa Aguas de Son Bauló, verdadero propietario de las fincas, pero que no era la parte solicitante de los certificados. El arquitecto municipal emitió un mes después un informe desfavorable, «por no coincidir el solicitante con el promotor del proyecto y por incumplir la parcela mínima urbanizable y la unidad mínima de cultivo». Además, en la sentencia el juez afirma que las certificaciones presentadas por el Ajuntament en la causa judicial no se corresponden con las actas de sesiones.
«Queda así demostrado que el equipo de gobierno de Santa Margalida manipula la documentación a su parecer para actuar con total impunidad», denuncia el portavoz socialista, Miquel Cifre. El alcalde Antoni del Olmo (PP) explicó ayer que «en estas parcelas no existe ninguna operación urbanística porque todavía no se ha solicitado ninguna licencia de construcción» y explicó que los servicios jurídicos municipales están estudiando apelar la sentencia por considerar que en la concesión de los certificados de segregación no se cometió ninguna ilegalidad.