El reciente fallo judicial, que obliga a la Administración municipal a hacerse cargo del mantenimiento de la urbanización Nova Santa Ponça, tiene un especial significado porque desde hace unos meses, la promotora Hábitat Golf Santa Ponça SL (antes Imisa) y el Consistorio calvianer mantienen un duro pulso, con guerra epistolar cruzada y cartas dirigidas a los ciudadanos, sobre las responsabilidades de cada parte en esta urbanización.
La sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, fechada día 5 de diciembre, desestima la demanda del propietario de un vehículo todoterreno que padeció daños valorados en 173.000 pesetas al ceder una tapa de registro de alcantarillado en la calle de acceso al hotel del golf de Santa Ponça. El titular del coche demandó a la urbanizadora en base a que el informe realizado por la Policía Local establecía que el accidente se produjo en una zona urbana «de titularidad privada» que aún no ha sido «transferida al Ajuntament».
La sentencia del juez señala que si bien es cierto que la urbanización no ha sido recepcionada por el Ajuntament, también está probado que desde 1991 la promotora ha solicitado en dos ocasiones que esta promoción sea incorporada al tejido urbano público y también que la Administración cobra en sus recibos la tasa de alcantarillado en concepto de mantenimiento de las infraestructuras. En consecuencia, desestima la demanda y da a entender que la reclamación del conductor debe dirigirse al Ajuntament.
El complejo Nova Santa Ponça tiene una red viaria de unos 40 kilómetros. El Ajuntament alega que hay numerosas deficiencias, valoradas en más de 700 millones de pesetas, para no aceptar la urbanización. La antigua Imisa considera que tal valoración no tiene sentido por exagerada. Este conflicto motiva que numerosos viales carezcan de alumbrado público porque ni Ajuntament ni Imisa quieren pagarlo.