El titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Palma, Jaime Tártalo, ha condenado a Andrés Sastre Barceló, propietario de Can Casetes; Pedreres Can Ramis SL, explotadora de la cantera convertida en vertedero; y al ingeniero Antonio Rodríguez a indemnizar con dos millones de pesetas a cada uno de los 21 vecinos de la urbanización s'Aranjassa que les demandaron al considerarlos responsales de una conducta negligente cuyo resultado fue la emisión de humos y olores desde la cantera-vertedero que provocaron daños, perjuicios y molestias. El fallo no es firme y los demandados pueden interponer ahora un recurso de apelación.
Durante una temporada, cuando fue presentada la demanda, los responsables de Can Casetes tenían un contrato con la asociación Astracoma, que era la que realizaba los vertidos. En la resolución de este pleito, resuelto el pasado día 19 de diciembre, ha pesado la existencia de una anterior sentencia de 1997 ratificada por la Audiencia de Palma en marzo de 2001 que ha sido incumplida y que prohibía «seguir vertiendo residuos no inertes» y que obligaba a «apagar la combustión, y que la actividad desarrollada no contaba con las opourtunas licencias administrativas».
En la sentencia condenatoria, el juez ha tenido en cuenta numerosos informes de la Guardia Civil, Bombers de Mallorca, Ajuntament y Policía Local de Llucmajor y Conselleria de Medi Ambient que demuestran la existencia de una combustión interna en la cantera, motivada por el vertido ilegal de material no inerte para su regeneración, que provocaba humos y olores molestos para los residentes en la zona. El fallo recuerda que no sólo no se han detenido los vertidos ni se ha sofocado la combustión interna sino que incluso después de la presentación de la demanda «los vertidos han continuado, propiciando el mantenimiento de la combustión y las emanaciones de humo».