Fausto Ferrero, presidente del Grup Fer, denuncia la «indefensión» y la «inseguridad jurídica imposible de sostener» a la que se enfrentan en la actualidad los promotores de Balears por la decisión de las administraciones de proceder a la desclasificación de suelo urbanizable. El Grup Fer es el promotor de la segunda fase de es Caülls, terreno que el Ajuntament de Marratxí pretende proteger. «El Ajuntament firmó un convenio para urbanizar estos terrenos, del que nadie habla ahora. Este convenio es un contrato y lo hemos cumplido a rajatabla, además de gastar muchos millones en las contraprestaciones que nos pedía (acometidas de agua, acceso autopista, rotonda)», explica Ferrero.
«Por la prensa», agrega, «me enteré de que el Ajuntament había tomado la decisión de desclasificar el terreno y como promotor me siento indefenso». El presidente del Grup Fer denuncia que a partir de entonces «a todos nuestros proyectos nos pone un veto; están paralizados. Ha sido un desgaste personal, poniéndonos impedimentos para arruinarnos económicamente y moralmente. La concejal de Urbanismo ha optado por una vía de acoso y derribo».
Ferrero, no obstante, confía en la Justicia y cree que, aunque sea tarde, «saldrá a relucir la verdad». En este sentido, anunció que se denunciará del Ajuntament por dos vías: la firma del convenio y la desclasificación del terrenos, que no tienen ningún valor medioambiental para su protección. «En el peor de los casos, la indemnización será de 2.000 millones por todos los gastos realizados hasta ahora y esta cifra puede ascender a 8.000 millones por incumplimiento del convenio». Además, exigirá responsabilidades personales: «En este caso, hay una prevaricación tan evidente que espero que vaya a buen término». Ferrero concluye que «al Ajuntament, la tozudez de ir en contar del Grup Fer, le ha costado 100 millones en licencias por recurrir al procedimiento de demora».