La Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de la antigua propietaria de los terrenos de Torre Marina, Francisca Morell, de rebajar la franja de protección de ses Covetes a 20 metros en lugar de los 100 que marca el Ministerio de Medio Ambiente y la Ley de Costas, ratificando así la protección de la zona. Miquel Àngel March, del GOB, calificó ayer la noticia de excelente: «Confirma nuestros argumentos de que no son urbanos los terrenos de ses Covetes objeto de litigio y la protección de una franja de 100 metros que establece el deslinde».
Por esta polémica delimitación del dominio público de un tramo de ses Covetes (la Orden Ministerial objeto de conflicto judicial fue aprobada el 23 de abril de 1996, marcando la línea de dominio público y la franja de protección posterior), se presentaron un total de ocho recursos, dos de los cuales partían del Ajuntament de Campos y la promotora de los polémicos apartamentos construidos justo encima de la franja de protección de la ley de Costas.
Los ecologistas esperan ahora que la Justicia les siga dando la razón, con lo que «se consolida la protección de este enclave y, por tanto, se ratifica la ilegalidad de los 67 apartamentos». «Se crea un precedente y tiene una repercusión importantísima», indicó Miquel Angel March. Morell vendió los terrenos a la empresa Terrusan, que poco después quebró. Más tarde, La Caixa los vendió a la promotora Marina Ernst. El expediente del plan acumula más recursos contra la licencia e, incluso, hay depositado un aval para impedir la ejecución, paralizada en 1995.