Las puertas de las instalaciones en Consell de la empresa Lavanderías Diana recibieron ayer la visita de más de trescientas personas convocadas por la agrupación ecologista Gadma para protestar en contra de los vertidos incontrolados de aguas tóxicas en el torrent Solleric que provoca la actividad de esta empresa. Los manifestantes se quejan desde hace tiempo de estos vertidos al torrente «con evidente complicidad política, ya que se considera que el papel de la comarca de es Raiguer dentro del proyecto de planificación de la Isla es el de ser el retrete del enriquecimiento de la ciudad y el litoral», según se leyó en el comunicado de la protesta.
A la manifestación acudieron vecinos no tan sólo de Consell, sino también de otros pueblos por los que transcurre el torrent Solleric y que se ven afectados en mayor o menor medida por los vertidos, como son Biniali y Sencelles. Uno de los objetivos de la protesta es exigir que «se decrete la suspensión de esta actividad industrial hasta que se reparen todos sus efectos», explicó Bernat Fiol, portavoz de Gadma, que espera «presionar a la empresa para que haga la inversión necesaria en tecnología con el fin de evitar la contaminación del torrente».
Los manifestantes protestaron con silbatos y pancartas durante más de una hora ante las puertas de la empresa e increparon a los camiones que salían del recinto. Gadma ya se ha dirigido en diversas ocasiones a las Administraciones Públicas para acabar con los vertidos y la próxima semana tiene previsto reunirse con la consellera de Medi Ambient del Govern, Margalida Rosselló, para explicarle la situación. «Le llevaremos una muestra de las aguas del torrente para que conozca su mala calidad», explicó Fiol.
Los alcaldes de Consell y Sencelles, Joan Bibiloni y Josep Aloy, han mostrado en los últimos días su apoyo a Gadma para frenar los vertidos al torrente. Los miembros de Gadma presentaron el pasado jueves en el Ajuntament de Consell 2.844 firmas en contra de las actividades de Diana por los vertidos incontrolados. Vecinos y ecologistas entienden que las primeras acciones de presión sobre la lavandería industrial deben comenzar en el propio Ajuntament de Consell.