Las pérdidas evaluadas en el término de Llucmajor rondan los 400 millones de pesetas. En Porreres, se han contabilizado unos 60 expedientes por los daños causados en fincas particulares e infraestructuras públicas que, según el alcalde, Joan Sastre, representan pérdidas por valor de 150 a 200 millones de pesetas. En Campos, los desperfectos cuantificados en 65 expedientes ascienden a 300 millones de pesetas. Los daños más habituales son paredes y cercas derribadas por el agua, instalaciones y maquinaria agrícola inutilizadas por inundaciones, cosechas perdidas, caminos destrozados y árboles derribados.
El batle de Porreres indicó a este periódico que los tres ayuntamientos más afectados remitirán copias de los expedientes recopilados al Gobierno central, al Govern de les Illes Balears y al Consell de Mallorca con el fin de que los damnificados puedan recibir alguna ayuda. Ya está solicitada una entrevista con el conseller d'Agricultura, Mateu Morro, quien, según Sastre, ha mostrado su predisposición a colaborar. El alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, ha contactado con la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, quien le comunicó que las subvenciones serán contempladas en los presupuestos de 2002. Tomàs explicó que para reconstruir cercas habrá ayudas, si bien cuando las paredes estén próximas a un torrente se deberá dejar una distancia de cinco metros respecto al cauce y presentar un proyecto.
Las zonas más altas fueron las más afectadas. Jaume Cano, ex jugador del Mallorca y dueño de fincas en Llucmajor, vio cómo en varios puntos de su finca el agua derribó paredes de marès a lo largo de varios centenares de metros tras desbordarse del torrente a causa de la suciedad acumulada en el cauce y destrozó viñedos y numerosos árboles frutales. Sistemas de riego por aspersión y goteo también quedaron inutilizados.
Una empresa instalada junto a la carretera que une Llucmajor con Porreres dedicada al cultivo de champiñones quedó completamente inundada. Andreu Prohens, alcalde de Campos, y su colega de Llucmajor han dicho que el presidente del Govern «tiene la obligación moral de ofrecer ayuda a los afectados».