El Partit Popular denuncia que el Ajuntament gobernado por el PSM no hace cumplir la normativa urbanística y permite que se vulnere la legalidad. Así lo explicó en el último pleno municipal el portavoz popular, Antoni Cañellas, que echó en cara a los nacionalistas que en el suelo rústico se realizan muchas obras sin permiso. Las acusaciones de los populares fueron realizadas precisamente en el pleno que sirvió a Rosa Vich para estrenarse como alcaldesa en sustitución de Mateu Morro.
La polémica se desató a raíz de la aprobación de un cambio de normativa urbanística que tiene por objeto evitar la construcción de grandes viviendas en suelo rústico. La nueva normativa fija un mínimo de tres cuarteradas para construir una casa en las afueras. Además, marca un máximo edificado de un 1% de la extensión de la finca, con un volumen máximo de 450 m3. En construcciones ya existentes se podrá ampliar un 25% siempre que el volumen no exceda de un máximo de 450 m3.
El PP calificó de incoherentes estos términos, ya que «solo permite hacer una casa de dos metros de altura o menos, de forma que sería inhabitable». Esta denuncia fue realiza al detectar que se realizan obras ilegales en suelo rústico. Cañellas explicó que hace más de un año se decretó una moratoria en las afueras y que el equipo de gobierno le entregó una lista de las licencias otorgadas pero afirma que se han hecho obras que no constan en este listado.
El concejal de Urbanismo, Joan Serra, negó de forma rotunda este extremo y retó a los populares a que denuncien los casos en los que se permiten ilegalidades. Unos minutos antes del pleno se celebró en el Ajuntament una reunión con los vecinos interesados en formar parte de la recién creada comunidad de regantes. Ya se han interesado por participar en esta iniciativa de reutilización de aguas los propietarios de 140 cuarteradas.