El concejal de Urbanismo de Esporles, Gabriel Coll, ha anunciado que el equipo de gobierno PP-UM acatará la resolución judicial que obliga a demoler una vivienda construida de manera ilegal en una zona catalogada como Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley de Espacios Naturales (LEN). Coll ha apuntado que un reciente informe jurídico del Consell de Mallorca especifica que el pleno de la Administración municipal es el responsable de ratificar y ejecutar la sentencia puesto que fue este órgano quien en 1998 adoptó la decisión de denunciar ante la Fiscalía esta infracción urbanística y un presunto delito ecológico. Esta vivienda está valorada en unos 20 millones de pesetas y será el primer derribo que se ejecuta en Esporles por una infracción urbanística.
Los hechos se remontan a 1998, cuando el batle, Jaume Pou, denunció la construcción de una vivienda de unos 165 m2 en es Pinar de Canet. El pasado año se hizo pública una primera sentencia a favor del Ajuntament d'Esporles, condenando al propietario a pagar una multa de diez millones de pesetas y derribar el inmueble, a la vez que dejar la finca en su estado natural. El propietario recurrió la primera sentencia hace unos meses. Un posterior fallo mantenía la orden de demolición pero suprimía la multa de diez millones de pesetas.
El equipo de gobierno y la oposición no se pusieron de acuerdo sobre quien o qué organismo se debía responsabilizar de ordenar la ejecución de la demolición, si el alcalde, la Comisión de Gobierno o el pleno, de ahí que se solicitara el informe jurídico del Consell. En principio, el pleno de esta noche debe ratificar la resolución judicial. El PSOE ha manifestado su descuerdo con el informe del Consell, ya que cree que ordenar la demolición es una competencia del alcalde. El otro grupo de la oposición, Pas-PSM, ya ha anticipado, tras estudiar el informe jurídico del Consell, que probablemente apoyará la ejecución de la sentencia.