El próximo 4 de julio culmina el plazo para que la Comissió d'Urbanisme del Consell rechace o apruebe la programación de licencias de obras que el Ajuntament de Calvià lleva aplicando varios años. En julio de 2000, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobó de forma definitiva, a excepción del sistema de cupos de licencias, tema que, posteriormente, la Comissió d'Urbanisme ha dejado sobre la mesa en varias ocasiones.
Durante este tiempo, se han sucedido los informes a favor y en contra de esta medida. El último ha sido el elaborado por los propios servicios jurídicos del Consell que consideran que la institución insular no puede autorizar el sistema de cupos. El PP ya ha manifestado abiertamente su oposición a los «números clausus» y UM acatará la resolución del último informe, según informaron ayer fuentes del Consell Insular. Esto significará que PP y UM tendrán la mayoría suficiente para no aprobar las cuotas.
El PSM mantendrá su soporte a los cupos, según explicó ayer Antoni Alorda, para quien ésta es una «cuestión política»: «Si UM no está de acuerdo con la mecánica de las cuotas lo comprendo. Ahora bien, si no apoya esta medida le exigiremos otro sistema para dosificar el crecimiento urbanístico en la Isla». Alorda reconoció que desde la última reunión de la Comissió d'Urbanisme, en el mes de mayo, no ha habido interés en modificar las leyes para regular los cupos.
El PSOE también mantiene su postura de respaldar la programación de licencias. Carlos Aguilar manifestó ayer que «corresponde al CIM adoptar medidas valientes y rigurosas para dar credibilidad al discurso de contener el desarrollo urbanístico». Aguilar expuso que de la misma forma que hay informes en contra, hay otros redactados por prestigiosos juristas y dos sentencias que avalan la legalidad de los cupos. Si la Comissió d'Urbanisme no convocase una reunión antes del día 4, la programación de licencias se aprobaría por silencio administrativo.