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Muro

Los caravanistas del Platja Blava piden al Govern más zonas de acampada

Una treintena de familias, cuyas caravanas están dentro del camping de Muro, intentó ayer sin éxito acceder al recinto

Los caravanistas escucharon, ante el camping, los consejos y advertencias de su abogada.

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Los responsables del camping de Muro no permitieron ayer a las familias que tienen caravanas en el camping acceder al recinto, a pesar de que día 13 de junio venció la sanción de seis meses de cierre impuesta por Turisme tras detectarse oferta ilegal. Los caravanistas piden al Govern que solucione el problema, facilitándoles lugares donde acampar.

«La empresa propietaria del camping Platja Blava no nos quiere aquí, y en Mallorca no existen más zonas de acampada ni está permitido instalar caravanas en fincas rústicas. La Conselleria de Turisme debería explicarnos qué podemos hacer con nuestras caravanas y facilitar la creación de más campings en la Isla».

La odisea de los caravanistas del camping Platja Blava de Muro continúa. El pasado día 13 de junio finalizó la sanción de seis meses de cierre que la Conselleria de Turisme impuso a la empresa que gestiona el camping, Algebelí SA, tras detectar oferta de plazas turísticas ilegales. Los caravanistas acudieron ayer al camping junto con su abogada y una notaria para hacer constar en acta ante un juez que, a pesar de que tienen sus caravanas y propiedades dentro y que la sanción ya ha vencido, se les prohíbe el acceso al recinto.

Una confrontación que dura meses
La confrontación entre la empresa que gestiona el camping, Algebelí SA, y los caravanistas se inició después de que Turisme sancionara con seis meses de cierre al camping tras detectar plazas turísticas ilegales. Entonces, la empresa comunicó a los caravanistas que no podía dar servicio a nadie y les indicó que debían marcharse porque debían «hacer unas mejoras, imposibles de realizar con las caravanas dentro». Los caravanistas mantuvieron que se les echaba porque se quería construir «un club de vacaciones sin lugar para caravanas», que como arrendatarios de las parcelas tenían derechos que la empresa debía respetar y denunciaron la construcción de unas obras ilegales en el recinto, que luego se paralizaron al comprobarse que carecían de permiso. El caso está en los tribunales.

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