«La norma proyectada por el Ajuntament de Calvià trasciende el planteamiento urbanístico estricto, olvida el principio de legalidad "la reserva de Ley" e invade competencias del Parlament de les Illes Balears». Así de tajante se muestra el Consell Consultiu con respecto a la propuesta de establecer un cupo anual de licencias urbanísticas por parte del Consistorio de Calvià.
El dictamen considera que la propuesta no es ajustada a derecho ya que va en contra de lo que establece la Ley de Disciplina Urbanística, aprobada por el Parlament en 1990. El órgano asesor dictamina que sería preciso reformar esta Ley ya que, de lo contrario «se corre el riesgo de atentar al principio constitucional de la seguridad jurídica, pero sobre todo incide en un quebrantamiento del de jerarquía normativa». «Los ayuntamientos, al pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, no solamente tienen la facultad de concederlas si se ajusta la pretensión al ordenamiento en vigor, sino que tienen el deber de otorgarlas», asegura el Consultiu en su dictamen.
El dictamen del órgano asesor contradice una reciente sentencia de un juzgado de Palma en la que se desestimaba un recurso del promotor Rot Balear SL, que pidió autorización para construir cuatro viviendas. Pese a que el dictamen del Consell Consultiu no es vinculante, el informe deja en una delicada situación la aprobación global del Plan General de Calvià. El Consell acordó aprobar todo el plan a excepción del artículo referido a los cupos, con el fin de que el Consell Consultiu se pronunciara. La institución insular debe decidir ahora si aprueba el artículo pese al dictamen. También es posible que el Parlament modifique la Ley de Disciplina Urbanística.