La declaración del juez de paz de Santa Margalida, Pedro Nadal, y de los representantes de las funerarias Molondro, de sa Pobla, y Pollentia, de Alcúdia, dejó al descubierto un supuesto «convenio tácito» entre el Ajuntament de la Vila y el representante de Funeraria Molondro, Miquel Bennàsar, por el cual éste percibe una cantidad anual de 45.000 pesetas por el servicio de sepelios y recogida de cadáveres en ese municipio.
Ese supuesto acuerdo, del todo irregular, ya que perjudica la libre competencia en el sector de pompas fúnebres del norte de Mallorca, será investigado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Miquel Massot, instructor de la causa por el supuesto delito de prevaricación contra el juez de paz. El abogado de Funerarias Pollentia, Diego Wencenblat, solicitará ante el TSJB que presten declaración el alcalde y el secretario municipal de Santa Margalida.
El juez de paz declaró ayer que el alcalde de Santa Margalida le había comentado que había un convenio con Funerarias Molondro para realizar los servicios de sepelio, levantamiento de cadáveres y traslados en ese término municipal. Molondro aportó en el transcurso de su declaración un certificado del Ajuntament, firmado por el alcalde, Antoni del Olmo, y el secretario, el cual dice textualmente: «Funerarias Molondro no tienen ninguna concesión administrativa para efectuar servicios de sepelios, levantamiento de cadáveres y su traslado en el término municipal de la villa». Sin embargo, Funerarias Molondro admitió ante el juez que le pagan 45.000 pesetas anuales por estos servicios.
El juez le preguntó si además de ese servicio y de las 45.000 pesetas anuales, le cobra a los familiares del fallecido. Bennàsar respondió que sí, que eso es «aparte».