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Comarcas

Los taxistas de seis municipios de la Part Forana renuncian a acudir al aeropuerto

El sector pide al Govern que prohíba a los taxistas de Palma recoger pasajeros en sus municipios

Un taxi de Palma bloquea el paso a dos de la Part Forana durante los incidentes del verano pasado en Son Sant Joan.

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Los taxistas de seis municipios de la Part Forana renunciarán a cargar pasajeros en el aeropuerto de Son Sant Joan a cambio de que los taxistas de Palma no recojan pasaje en sus respectivos municipios. Las solicitudes de los taxistas de Calvià, Alcúdia, Muro, Sant Llorenç, Son Servera e Inca están siendo estudiadas por la Direcció General de Transports del Govern de les Illes Balears, que deberá pronunciarse sobre esta propuesta.

Gabriel Moragues, presidente de los taxistas de la PIMEM, no tiene demasiada confianza en que el Govern se pronuncie y entiende que «preferirán forzar un acuerdo entre ayuntamientos para no restar autoridad a la norma estatal».

Desde que se aprobó el Real Decreto el 3 de diciembre de 1999, el aeropuerto de Son Sant Joan ya no es competencia exclusiva de los taxis de Ciutat. Cualquier taxista de la Isla puede cargar pasajeros en el aeropuerto con destino en su respectivo municipio siempre y cuando haya un contrato previo. La aprobación de esta normativa desató una huelga indefinida en el sector hasta que finalmente día 26 de julio de 2000 el Govern cedió a las presiones de los afectados aprobando una norma recíproca que autoriza a los taxistas de Palma a cargar en otros municipios siempre que su destino fuera el aeropuerto.

Así las cosas, los taxis de Ciutat han hecho aparición en el resto de municipios, donde los chóferes son incapaces de controlar si realmente esos vehículos cargan personas exclusivamente con destino a Son Sant Joan.

Ya son seis las agrupaciones de taxis que estarían dispuestas a renunciar al derecho a cargar pasajeros en el aeropuerto que les concede la norma y así se lo han pedido al Govern. La norma de reciprocidad aprobada por el Ejecutivo autonómico ya contemplaba la posibilidad de que los taxistas, a través de sus ayuntamientos, puedan renunciar a este derecho.

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