La Sala de lo Contencioso Administrativo de Balears (TSJB) se niega a que se ejecute una sentencia que el mismo tribunal dictó hace once años. Se trata de la orden de cerrar el vertedero ilegal de Son Olivaret, en Alaró, propiedad del Ajuntament, que la década anterior se utilizó como lugar de depósito de basuras.
Fermín Quiñones, dueño de la finca es Puig, sita junto al vertedero, mantiene un pleito con el Consistorio para conseguir el cierre de esta instalación, por los daños que ocasiona a su propiedad, y por la pérdida de valor. Los jueces le dieron la razón y ordenaron el cierre inmediato del vertedero y la retirada de las basuras. Además, la sentencia insinuaba que Quiñones tenía derecho a ser indemnizado.
En 1992, este vecino llegó a un acuerdo con el Ajuntament para solucionar el problema. El Consistorio le entregaba una indemnización de unos cuatro millones de pesetas y se comprometía, no sólo a no utilizar más la finca como vertedero de basuras, sino a reconstruir los daños ocasionados. El acuerdo establecía un periodo de cinco años para arreglar la finca. Este tiempo ha transcurrido con creces y, si bien es cierto que Son Olivaret ya no se utiliza para verter basuras, ahora se emplea como vertedero de escombros de obras. El Ajuntament cobra un canon para depositar allí estos restos.
Según señaló Quiñones, existe un gran peligro, no sólo medioambiental, sino porque las paredes están a punto de caer. Esta fue la causa por la que decidió presentar un escrito al TSJB pidiendo la ejecución inmediata de la sentencia. La sorpresa fue cuando el tribunal dictó hace poco una providencia en la que dice que el acuerdo entre el Ajuntament y el vecino ha desvirtuado la sentencia, y por tanto se niega a que se ejecute la orden que obligaba a cerrar la instalación.