El juzgado número 1 de Inca ha archivado la causa penal contra Amparo Benítez y Antonio Benito, propietarios de la residencia clandestina de ancianos que el Govern ordenó clausurar el pasado día 1 de febrero. El juez entiende que no se deriva una reponsabilidad penal de los hechos que la Policía Local de Binissalem detalló en un pormenorizado informe fotográfico. No obstante, queda abierta la puerta para aplicar sanciones administrativas. El informe policial ha sido remitido al fiscal por si desea actuar en consecuencia.
Por su parte, el Ajuntament de Binissalem ha abierto dos expedientes de infracción contra los propietarios de la residencia «Las abuelas» por realizar obras sin permiso en el interior de la vivienda y por no haber solicitado la licencia de actividades precisa para montar cualquier negocio.
La residencia «Las abuelas» estaba ubicada en las inmediaciones del camino de s'Argila. La policía encontró a diez ancianos en una vivienda en obras. Según relató el alcalde, los residentes vivían en condiciones «deplorables». La policía encontró excrementos humanos en una de las habitaciones y a un anciano resguardándose del frío con un plástico. El arquitecto municipal declaró el estado de ruina inminente de la vivienda.