El reciente desalojo de los doce inmigrantes que vivían en una casa ruinosa de sa Pobla ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un centro de acogida en Inca. El alcalde, Pere Rotger, ha solicitado al Govern que «dé un paso adelante para hacer posible este proyecto». «La falta de acuerdo entre el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca tiene parado, desde hace un año, el proyecto de para la creación de una instalación de este tipo en la ciudad», aseguró Rotger. Según el alcalde, «las negociaciones entre la Conselleria de Benestar Social y el Consell sobre las transferencias han ido dejando aparcado este proyecto».
De hecho, la necesidad de que Inca dispusiera de un centro de acogida ya se puso de manifiesto ahora hace aproximadamente un año, cuando inmigrantes peninsulares ocuparon las Cases dels Mestres. Entonces, el Ajuntament llegó a un principio de acuerdo con el Consell y el Govern para utilizar como centro de acogida el piso superior del comedor social que tiene Càritas en la ciudad, lo que suponía recuperar el proyecto que había presentado esta entidad y preveía albergar 16 plazas, con un coste anual de entre 16 y 18 millones de pesetas. No obstante, surgieron problemas en los acuerdos para determinar la financiación de este proyecto y desde entonces las conversaciones están paralizadas. Por ello, Rotger le pide al Govern que «de un paso adelante y las reinicie».
Por otra parte, el grupo de consellers de Esquerra Unida-Els Verds hizo público ayer su rechazo a las soluciones propuestas por el alcalde de sa Pobla, Jaume Font, respecto a los hechos ocurridos en su localidad. «Los ayuntamientos son, según la ley de disciplina urbanística, los responsables de preocuparse por el buen mantenimiento de las edificaciones de los municipios», dicen. EU-EV creen que Font debería «ceder suelo rústico de su municipio para la construcción de viviendas sociales dirigidas a inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos».