La familia Serra, propietaria de parte de los terrenos sobre los que se construye la estación del tren de sa Pobla, denunció ayer a la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ante los juzgados de Inca por incumplir el convenio verbal de compra-venta de la finca, adoptado durante la pasada legislatura. La familia Serra cerró el perímetro de su finca el pasado día 2 de diciembre y obligó a la empresa que realiza las obras del apeadero a desalojar el material de obra que allí se ubica bajo la amenaza de denunciar a SFM por «ocupación ilícita» si no recibía garantía suficiente de que el Govern electrificaría un pozo en una de sus fincas.
Este es uno de los puntos del convenio verbal adquirido con el Govern durante la pasada legislatura. Jaime Serra Ramis cedía a SFM el terreno preciso para facilitar la llegada del tren al municipio. En contraprestación, SFM debía construir un pozo en los terrenos de Jaime Serra y portar la energía eléctrica para que éste funcionara, además de pagar el coste de los metros cuadrados afectados. Aunque el pozo fue construido hace dos años, el resto del acuerdo no se ha cumplido. El portavoz de la familia Serra ha explicado: «A pesar de haber cerrado la finca, la empresa promotora de las obras sigue trabajando en su interior por lo que después de haber advertido en varias ocasiones a SFM que denunciaríamos hemos decidido acudir a los juzgados».
El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Antonio Santos, no quiso ayer hacer declaraciones sobre este asunto hasta conocer el informe que están realizando su asesoría jurídica y la dirección técnica de estas obras. El incidente se produce a solo dos semanas de la fecha prevista para que el tren regrese a sa Pobla tras más de dos décadas sin servicio. El Govern de les Illes tiene previsto inaugurar la línea el próximo día 27. Los denunciantes temen que una vez concluya la obra no se cumpla el convenio.