La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha declarado nulas las licencias otorgadas por los ayuntamientos de Santanyí y Felanitx a la compañía Gas y Electricidad SA (GESA) para la instalación y construcción de una línea de alta tensión de 66 kilowatios de potencia a lo largo de 14.212 metros, entre las subestaciones de Portocolom y Santanyí. Las licencias municipales se otorgaron exclusivamente en base a la declaración de utilidad pública otorgada por la Conselleria d'Indústria en 1995 a GESA, pero se obvió el interés general que debe dar la Comissió Insular d'Urbanismo para construir en suelo rústico.
Los hechos se remontan a 1996. Aquel año, los ayuntamientos de Santanyí y Felanitx dieron permiso a GESA para construir una línea aérea de transporte de energía eléctrica, aunque las obras no comenzaron hasta dos años después, en 1998. El proyecto preveía una inversión de 110 millones y la instalación de casi un centenar de postes de 20 metros de altura a lo largo de 14 kilómetros, obras que prácticamente están concluidas.
Los vecinos de ambos municipios, alarmados por el impacto ambiental, comenzaron a movilizarse e, incluso, los ayuntamientos intentaron dar marcha atrás y exigir a GESA soterrar la línea. No lo consiguieron. En febrero de 1999, diez vecinos en representación de los 168 propietarios afectados por la colocación de los postes "muchos de ellos extranjeros" decidieron interponer un recurso contencioso administrativo contra los dos ayuntamientos, GESA y la Comunitat Autónoma, recurso que ha sido estimado por la juez.
Jaime Grimalt y Rafael Ortíz, representantes legales de los afectados, explicaron ayer que tras esta sentencia las obras están en situación de ilegalidad, por lo que GESA deberá solicitar el interés general a la Comissió Insular d'Urbanisme. «Unió Mallorquina tiene ahora la oportunidad de obligar a GESA a soterrar las líneas de alta tensión en base a la normativa de la Unión Europea. Esta sentencia judicial se trasladará al ámbito político y esperemos que no se permitan este tipo de instalaciones», indicaron los letrados.