La normativa del Ajuntament de Calvià que pretende uniformar la estéticas de las terrazas privadas de uso público en las zonas turísticas de Calvià no es del agrado de todos los comerciantes y propietarios de bares. La mayoría de los afectados consultados por este diario en los núcleos de Santa Ponça y Peguera no están de acuerdo con la inversión que tendrán que llevar a cabo para cambiar el mobiliario.
Consideran que ya tienen suficientes gastos como para verse obligados a cambiar las sillas y mesas de las terrazas de sus comercios. También hay muchos negocios de la oferta complementaria que en los últimos años han llevado a cabo una remodelación integral, por lo que no ven justo que ahora tengan que volver a realizar cambios. Los afectados, además, sugieren al Consistorio de Calvià que les dé ayudas para poder afrontar esta inversión.
El plazo de un año dado por el Ajuntament de Calvià para que se adapten a la normativa también es motivo de polémica. La mayoría de los afectados consultados consideran que un año es poco, y hay algunos que se niegan a cambiar su mobiliario.
El tema de las multas también ha causado malestar en el sector. La ordenanza municipal contempla la apertura de expedientes por faltas leves, graves o muy graves que implicarán sanciones económicas que oscilarán entre las 20.000 pesetas y los cinco millones la multa más graves. Estas cantidades han sido calificadas de «barbaridad». La normativa municipal para las terrazas públicas prohíben de forma expresa el uso de las sillas y mesas de plásticos. Tampoco estarán permitidas las pizarras tan habituales en muchos locales de las zonas turísticas.