El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al Govern a pagar 202 millones de pesetas en concepto de indemnización a la empresa Aureamar, una de las promotoras de la zona de sa Canova, en Artà. La sentencia del Tribunal Supremo, que ha llegado a manos del Govern esta misma semana, establece que el Ejecutivo tiene la obligación de pagar a la empresa promotora todos los gastos que realizó en su momento antes de que los terrenos en cuestión quedaran afectados por la Ley de Espacios Naturales.
La sentencia añade que la empresa deberá acreditar el total de los gastos realizados para tener derecho a la indemnización. Lo que deja claro es que la promotora sólo tiene derecho a ser compensada con los gastos de redacción del proyecto, además de con los gastos de urbanización que pudo realizar hasta que la zona fue incluida en la Ley de Espacios Naturales con la consideración de Area Natural de Especial Interés (ANEI). En opinión del Tribunal Supremo, el coste del proyecto y de las obras realizadas suma la cantidad de 202 millones de pesetas.
La sentencia del Supremo mantiene la línea de todas las sentencias que han emitido los tribunales con relación a la protección de los espacios naturales. El Supremo considera que no debe tenerse en cuenta el lucro cesante, es decir, que la promotora no tiene derecho a recibir ninguna indemnización por las expectativas de negocio de sus proyectos.
La empresa solicitaba una indemnización que sumaba varios miles de millones de pesetas en concepto de las pérdidas que le representaban no haber podido seguir adelante con la urbanización. Sin embargo, el Supremo, como todos los tribunales con anterioridad, sentencia que la expectativa de negocio no es susceptible de ser indemnizada.