Una decena de jubilados, prejubilados y viudas de trabajadores de la compañía Gas y Electricidad SA (GESA) deberán abandonar antes de día 15 de septiembre las viviendas que ocupan en el poblado residencial de esta empresa en el Port d'Alcúdia. El pasado jueves, día 10 de agosto, un trabajador notificó a los residentes que habiendo resuelto su contrato con la empresa deben entregar las llaves y abandonar sus viviendas en el plazo de un mes. Los antiguos trabajadores se niegan a acatar esta orden.
Algunos de los afectados llevan más de tres años jubilados o incluso enviudaron hace más de diez, incluso los hay que aceptaron la prejubilación con el convencimiento de que mantendrían su residencia, por lo que no entienden que sea precisamente ahora y a un mismo tiempo cuando se les notifica por primera vez que deben abandonar sus casas. Algunos señalan que la orden viene de Madrid, de ENDESA, sociedad en la que está integrada la marca GESA, y se ven impotentes para demostrar la vigencia de un contrato verbal adquirido hace más de treinta años con GESA. A ello se une además el hecho de que muchos de ellos aún mantienen un vínculo con la empresa, pues algunos perciben pensiones y otros tienen familiares trabajando en la empresa.
«No nos pueden dar un mes para dejar las casas. Ese plazo de tiempo es imposible de cumplir. ¿Qué creen que los pisos caen del cielo?», se pregunta un portavoz. Las pensiones de algunos de los afectados no superan las 60.000 pesetas por lo que ven difícil encontrar una vivienda. «Si nos hubieran avisado habríamos pensado en algo». Ultima Hora intentó ayer de forma reiterada conocer la opinión oficial de la compañía eléctrica sin que ningún responsable de GESA se pronunciara al respecto.