Los asesores jurídicos de la junta de compensación del segundo polígono industrial mantienen que las obras para reforzar el muro del tren no competen a los propietarios del polígono.
Así lo manifiesta el alcalde de Inca, Pere Rotger, en representación del Ajuntament que forma parte de los propietarios afectados por la urbanización. Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) reclama en una demanda judicial el pago de las obras de reforma del muro para poder reabrir la línea hasta sa Pobla. Rotger dice que cuando se aprobó el proyecto de urbanización , en abril de 1995, tanto FEVE como el Consell Insular de Mallorca dieron su conformidad a la construcción del actual muro de contención, sin poner ninguna objeción ni a la altura ni al grosor de la pared muro.
Rotger indica que «cuando se aprobó el segundo polígono industrial no existía ningún proyecto firme para reabrir la línea de sa Pobla por lo que solo se obligó al constructor a hacer una pared que aguantara el peso del talud de tierra». «Más tarde, cuando se decidió reabrir la línea SFM requirieron a los urbanizadores la obra del muro, pero en aquellos momentos la junta de compensación ya se negó a realizarla porque la urbanización estaba recepcionada», añade. Por otra parte, el escrito de reclamación sólo exige que los urbanizadores retornen el muro a la situación anterior que era sólo un talud de tierra pero mucho mayor que la actual, cosa que actualmente es imposible. Los urbanizadores creen que con la obra que han realizado han cumplido con el convenio.