Rafael de Lacy, actual presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, representó a los promotores del proyecto urbanístico previsto para la Marina de Magaluf antes de acceder a este cargo público en el organismo insular. Precisamente, el voto de calidad de Lacy permitió el martes pasado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià fuera aprobado de forma definitiva y que se desarrolle el PERI previsto para la zona turística de Magaluf, como así lo recordó Martín.
Anselmo Martín, presidente de Esquerra Alternativa de Calvià, ha denunciado a este diario que a finales de 1998, cuando gobernaba como miembro de Esquerra Unida en coalición con el PSOE, recibió la visita de Rafael de Lacy como representantes de los constructores de la Marina e «intentó convencerme de las excelencias de las que, a su juicio, gozaba el proyecto». «Lo cierto», agrega Martín, «es que yo sólo vi los intereses económicos y desarrollistas de los de siempre». El voto del entonces concejal Anselmo Martín resultaba imprescindible para aprobar inicialmente el plan general.
Martín presentó alegaciones al proyecto de la Marina de Magaluf en el sentido de reducir el techo comercial (se permiten 15.000 metros) y también el número de viviendas, aunque sí estaba de acuerdo con las plazas hoteleras de calidad. De acuerdo con lo aprobado el martes pasado, la Comissió Insular de Mallorca obliga a la reconversión de 2.000 plazas turísticas que podrá realizarse sin el límite máximo de 500 plazas durante dos años que pretendía el Ajuntament de Calvià.
El actual president de la Comissió Insular d'Urbanisme, Rafael de Lacy, reconoció ayer que hasta el año 1998 defendió los intereses de los promotores en su calidad de abogado. Afirmó que, ese mismo año, remitió un escrito al Ajuntament de Calvià en el que pedía que la Corporación respetar los niveles de edificabilidad previstos en el año 1991, que incluían un total de 60 hectáreas de urbanización. Sin embargo, desde el momento en que asumió la dirección de la Comissió Insular d'Urbanisme, Lacy asegura que su obligación es atender los informes técnicos y escuchar las peticiones de los ayuntamientos. De hecho, según Rafael de Lacy, la propuesta que aprobó la Comissió d'Urbanisme tiene muy poco que ver con las aspiraciones de los promotores, ya que de las 60 hectáreas de suelo urbano el Consell ha dejado la mitad "30 hectáreas" como cesión gratuita.