El documento oficial en el que constan las firmas del alcalde y el secretario contradice las declaraciones efectuadas la semana pasada por Pascual, quien aseguró que no había firmado el decreto porque el expediente no había concluido.
La documentación a la que ha tenido acceso nuestro periódico consta de ocho páginas, en las que se hace constar los trámites que se han efectuado desde el 29 de septiembre de 1998 y el 1 de febrero de 1999, fechas en las que se detalla que los servicios técnicos detectaron las deficiencias que posteriormente motivaron el expediente, como son el cerramiento de 230 metros de pérgola del edificio de la cocina y el comedor, haber convertido en zona deportiva un espacio destinado a aparcamientos y la existencia de una tienda tipo supermercado en la planta subterráneo del edificio de cocinas y bar. Se describe con detalle las fechas en las que se han presentado solicitud de prórroga, que fue concedida, para poder presentar el proyecto que incluyera la totalidad de las obras. Transcurrido el plazo sin que se presentara la documentación solicitada, los servicios municipales efectuaron la propuesta de resolución en la que se hace constar las alegaciones de Miquel Ramis Puigrós, en las que dice que «las obras objeto del expediente de infracción son legalizables, por medio de autorizaciones en precario que no crean derechos de ninguna clase y que están sometidas a la voluntad y tolerancia de la Administración».
El Ajuntament ha considerado que se ha cometido una infracción urbanística ilegalizable, por lo tanto el alcalde resuelve ordenar que, previa fianza del 20 por ciento, en un plazo de un mes, tras el recibo de la resolución, se presente proyecto de demolición y advierte de que en caso de incumplimiento el Ajuntament efectuarán los derribos.