Los cuatro detenidos en relación al matadero ilegal de sa Pobla han quedado en libertad con cargos tras haber declarado ante el Grupo de Delincuencia Económica. Las acusaciones contra ellos son diversas según las implicaciones. Los dos vecinos de Lloseta, por ejemplo, eran los encargados de sacrificar los animales. Uno de éstos acusados, por ejemplo, había trabajado un solo día, por lo que su implicación sería menor.
El grueso de la presunta responsabilidad penal se centraría sobre el matrimonio de sa Pobla, propietario de la carnicería. En principio, se les acusa del delito contra la salud pública, contemplado en el Código Penal. Pero además, se iniciará otra investigación paralela por las sospechas de que han estado defraudando a Hacienda. Se tiene constancia de que el matadero ilegal ha estado funcionando desde hace 20 años.
Gabriel G. tenía una cobertura legal. Compraba partidas de ganado y en teoría lo llevaba a sacrificar al matadero de Inca. Pero la policía tiene pruebas de que partes importantes de las partidas las desviaba hacia el matadero ilegal. Con ello, además del delito contra la salud pública, se ejercía una actividad económica no legalizada y se movían importantes cantidades de «dinero negro». La cifra exacta no está todavía cuantificada, pero se habla de millones de pesetas por mes. Con respecto a los clientes de la carne ilegal, la policía ha iniciado ya una serie de gestiones encaminadas a ir detallando y localizando a los compradores. En Palma, por ejemplo, se ha comprobado la existencia de varios centros que han estado comprando carne al matrimonio de sa Pobla detenido, y lo mismo ha ocurrido en varios negocios de la Part Forana.