El Govern, condenado a pagar once veces más por una finca expropiada

El Govern que presidía en 1989 Gabriel Cañellas ofreció un 1.160% menos del valor real de unos terrenos que fueron expropiados a la fuerza para construir sobre ellos la autopista de Palma a Inca. El Govern, día 13 de abril del citado año, acordó la ocupación urgente de la finca de es Clot de sa Terra, de Santa Maria, ofreciendo una indemnización de 924.945 pesetas por los 3.830 metros de superficie de esta propiedad, donde había existido una cantera de arcilla que utilizaban los alfareros. El dueño de esta finca no estuvo conforme con el dinero que le ofrecía el Govern por esta expropiación forzosa y decidió acudir a los juzgados, que tras once años de pleitos, ahora le han otorgado la razón. El propietario, representado por el abogado Mateu Cañellas Vich, acudió al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Balears, que acordó que la valoración del Govern estaba por debajo en más de un mil por ciento del precio real del terreno. Este jurado sentenció, basándose en el informe de un ingeniero de minas, que el precio real de la finca estaba en 11.649.120 pesetas. El Govern consideró que esta valoración no era justa, puesto que se indemnizaba al propietario por una explotación de una mina de arcilla, que no funcionaba desde octubre de 1974. Por este motivo, el Ejecutivo acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que en una reciente sentencia le quita la razón y se la da al dueño de la finca expropiada, que además del precio real del valor del terreno, cobrará los intereses de esta cantidad desde 1989, que puede doblar esta cantidad.