El Govern de les Illes Balears no podrá asumir la gratuidad del peaje del túnel de Sóller para los residentes hasta el año que viene por problemas presupuestarios. Josep Antoni Ferrer, conseller d'Obres Públiques, expuso que la gratuidad del túnel representa un coste económico superior a los 120 millones de pesetas anuales que no pueden afrontar este ejercicio. Además, la concesionaria del túnel reclama al Govern unos 500 millones de pesetas por modificaciones de las obras (418 millones) y por el descuento del peaje a los transportistas (entre 20 y 30 millones).
El titular d'Obres Públiques aseguró que primero se tiene que resolver esta cuestión, ya que el anterior Ejecutivo conservador realizó una serie de concesiones sobre las que no hay expedientes y que se tienen que estudiar. No descartó que sean los tribunales los que resuelvan esta deuda si no se llega a un acuerdo con la concesionaria. «En el 2001 ya podremos afrontar la gratuidad o por lo menos parte de la misma», indicó. El Partido Popular aprovechó la comparecencia del conseller ante el Parlament para echarle en cara que el presupuesto del 2000 para carreteras es totalmente insuficiente. «Rebajar este presupuesto en 1.100 millones no había ocurrido nunca, al contrario siempre se había incrementado», aseguró el portavoz José María González Ortea.
El parlamentario popular recordó a Ferrer que hay otras soluciones «como las modificaciones de créditos para cumplir la promesa que ustedes hicieron. Es su compromiso». El socialista Ferrer insistió en que el compromiso adquirido se mantiene. «Dentro de esta legislatura será una realidad el compromiso de la gratuidad del peaje del túnel de Sóller para los residentes de Sóller y Fornalutx», manifestó.
«El problema», agregó, «es que tenemos que afrontar deudas anteriores. A los transportistas se les otorgó un descuento en el peaje del que no hay expediente». Señaló que a final de año podría haber remanentes económicos, pero tendrían que destinarse a pagar la deuda económica con la concesionaria.