La asamblea general celebrada ayer por los socios de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Calvià y la Federación Balear de Comercio y Servicios Turísticos (Fetur) acordó solicitar al Ajuntament de Calvià la «suspensión cautelar» de los artículos del PGOU que dificultan el cambio de actividad comercial en los locales con una superficie inferior a los 60 m2 y que carezcan en la misma parcela de una plaza de estacionamiento. En los casos de los bares y restaurantes, la necesidad de plazas de aparcamiento es doble.
Como medida de presión, los comerciantes decidieron que si el equipo de gobierno socialista no acepta esta suspensión realizarán un cierre patronal un día de la próxima Semana Santa. También iniciarán una rebelión fiscal, consistente en depositar el importe de sus impuestos municipales en una cuenta y no transferir el dinero a las arcas municipales hasta que la Administración local no atienda las reivindicaciones del sector que, por cierto, da por bueno que todos los nuevos locales comerciales estén obligados a tener más de 60 m2 y párking propio.
Luis Marín, presidente de Fetur, indicó que los estudios jurídicos encargados por la asociación de comerciantes concluyen que la medida aprobada por el Consistorio es «ilegal y anticonstitucional» porque vulnera la libertad de comercio. También consideró un agravio que esta normativa, única en todo el Estado español, no sea aplicable en las villa de Calvià y es Capellà.